El impacto de la emergencia sanitaria por COVID – 19 en la salud materna en México

Mtra. Gabriela Naranjo Guevara

El derecho a la salud es una prerrogativa inalienable que cuenta con reconocimiento a nivel internacional, obliga a los Estados a definir garantías y su falta de atención implica un atentado contra la integridad y la vida de las personas. Así, documentos jurídicos como la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas define el contenido de este derecho fundamental y el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, conocido como “Protocolo de San Salvador”, indica la posibilidad de medir los alcances para garantizarlo. Estos instrumentos internacionales señalan así las obligaciones del Estado Mexicano en lo relativo a este principio, que incluyen respetar, proteger y garantizar el mismo, y específicamente en cuanto a la salud materna, reconoce como elementos para poder ejercerlo:

• La disponibilidad de servicios necesarios para atender a las mujeres y personas gestantes durante su embarazo, parto y puerperio.
• La accesibilidad a servicios de salud materna.
• La aceptabilidad de los servicios de salud materna.
• La calidad al otorgar servicios durante el embarazo, parto y puerperio para las mujeres y personas gestantes.

El derecho a la salud materna debe incluir una visión integral de la salud, donde el medio físico, psicológico y social debe ser tomado en cuenta, y por tanto corresponde que aborde:

1. Todos los aspectos de la salud de las mujeres y personas gestantes desde el embarazo, parto y hasta el posparto. (Organización Mundial de la Salud, 2016)
2. Los medios para lograr la consecución del más alto nivel posible de salud de las personas gestantes durante las tres etapas obstétricas. (Chávez, 2012)
3. Atención proporcionada sin discriminación alguna en materia de género, grupo étnico, clase social o religión, entre algunas de las categorías por mencionar. (CEDAW, 1979)

En el año 2012, CONEVAL dio cuenta de la existencia de limitantes para el acceso a instituciones de salud con capacidad resolutiva, identificando ineficacia en el manejo clínico, limitaciones en habilidades y competencias médicas, además de un nulo beneficio para las mujeres y personas gestantes al asistir a más de siete consultas prenatales y estar afiliadas al Seguro Popular (CONEVAL, 2012). De igual forma el Observatorio de Mortalidad Materna en México (Observatorio de Mortalidad Materna, 2018) y el CONEVAL (CONEVAL, 2012) han dado cuenta en sus informes otros determinantes sociales, como la desigualdad económica, educativa y cultural, reafirmando que son los grupos étnicos los que presentan situaciones más desfavorables respecto a sus condiciones de vida y en específico, de salud. Es de considerar que en el año 2012 nuestro país recibió recomendaciones emitidas por el Sistema Internacional de las Naciones Unidas, por deficiencia en la atención de las mujeres embarazadas que tuvieron como consecuencia su fallecimiento. (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2012) Estas condiciones que han resultado en graves violaciones al derecho a la salud materna, se profundizaron con la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, develando la desigualdad, la falta de infraestructura efectiva para atender la salud materna y ha puesto en tela de juicio algunas de las decisiones asumidas por el Estado Mexicano en su estrategia para enfrentar la emergencia derivada de la contingencia sanitaria. En la medida en que esta crisis sanitaria continúa su impacto en nuestras vidas, las personas profesionales de la salud responsables de brindar atención a mujeres y personas gestantes enfrentan el desafío de garantizarles calidad asistencial. Si bien el embarazo es una condición que podría aumentar la vulnerabilidad ante la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, toda vez que la gestación es un factor de riesgo para la adquisición de infecciones respiratorias virales, además de que las personas embarazadas no toleran bien las neumonías severas debido a la disminución de la capacidad ventilatoria durante esta condición (Robaina Castellanos, 2021), y la infección por COVID – 19 desplazó las causas directas de mortalidad como principal causa de muerte en estado de gestación en México (Ibargüengoitia-Ochoa F, 2021), ha sido una realidad que durante esta pandemia muchos aspectos cruciales del cuidado de la salud materna no se realizan como en tiempos anteriores a la emergencia sanitaria, lo que ha aumentado los riesgos de las mujeres y personas gestantes como consecuencia de actitudes y temores, lo que ha presentado consecuencias graves. Ello derivado de situaciones como el temor de acudir a los centros de salud por miedo a infectarse, lo que implica la no asistencia a citas para el cuidado prenatal y/o la atención de emergencias, al igual que situaciones en las que desde los espacios de servicios de salud se indica que no es necesario asistir a citas de seguimiento y atención médica derivado de la reconversión de hospitales y centros de salud, los cierres forzados y las limitaciones a la movilidad de las personas por instrucciones gubernamentales. Como parte de la estrategia que la Secretaría de Salud implementó en México para la contención de la pandemia, las clínicas materno infantiles se limitaron a brindar la atención médica indispensable, suspendiendo muchos de los servicios hospitalarios convencionales. Así, antes de la pandemia de acuerdo con cifras el Observatorio de Mortalidad Materna en México, la tasa de mortalidad materna fue de 31.2 por cada 100 mil nacimientos, durante la emergencia sanitaria ha aumentado a 57.7 por cada 100 mil. Indicaciones que recibieron mujeres embarazadas confirmadas con el virus, pero sin síntomas graves, fue aislarse durante 14 días y visitar un hospital reconvertido en caso de entrar en trabajo de parto o si manifestaban síndrome respiratorio severo; tratándose de mujeres y personas gestantes sin la enfermedad, se les aconsejó quedarse en casa para evitar exposiciones innecesarias, lo que claramente impidió el acceso a servicios de atención prenatal. (CINVESTAV, 2021) Por lo que no todas las muertes maternas en México han estado directamente relacionadas con la infección por COVID – 19, sino por las condiciones no controladas durante el embarazo debido a la escasa disponibilidad de cuidados sanitarios. Los datos destacan una clara necesidad de atención médica y obstétrica oportuna, organizada y eficiente en todo momento, y en especial durante el tiempo que la pandemia esté presente, es necesario mejorar el acceso a recursos sanitarios de las mujeres y personas gestantes tanto en la comunidad como en los entornos clínicos, debe considerase una prioridad; ello acompañado por medidas que aseguren condiciones que dignifiquen la vida de las personas, como el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro de alimentos sanos e inocuos, condiciones sanas en vivienda, trabajo y medio ambiente, y acceso a educación e información sobre cuestiones vinculadas con la salud sexual y reproductiva, todo ello con una perspectiva de protección de los derechos humanos.

Bibliografía